Tal como anunció la Comisaria Fischer en los pasillos del Parlamento Europeo a finales de 2006, los servicios de la Comisión Europea han propuesto una nueva corrección financiera por mal control de las ayudas al aceite en España en las campañas 1998 a 2000. La multa, cuya tramitación está muy avanzada, ascendería a más de 180 millones de euros.

Esta sanción se suma a otras anteriores por el mismo motivo, siendo la más reciente de 45 millones de euros. En todos los casos Bruselas ha considerado que la Administración española no dispone de sistemas de control adecuados. A pesar de lo gravoso de estas sanciones para el presupuesto público, no se adoptaron al parecer las medidas correctoras necesarias, por lo que es previsible que surjan nuevas multas cuando finalice el examen de las cuentas de las siguientes campañas.

Como las multas no recaen ni sobre los productores ni sobre las Comunidades Autónomas gestoras, al final es el conjunto de los contribuyentes españoles el que carga con las consecuencias del mal funcionamiento de los sistemas de control de las ayudas al aceite. En los casos crónicos, como el del aceite, las multas suponen además un ahorro sustancioso para el presupuesto comunitario, y por consiguiente una “renacionalización” parcial del apoyo al sector olivarero.