Para que el Gobierno nacional no quite el arancel que paga el aceite de oliva español que ingresa al país, los senadores de las provincias productoras elaborarán un documento que demuestre el daño que le haría a la producción local la entrada sin ningún pago de esos aceites, según informó el senador César Gioja.
El arancel, de hasta 1 dólar por kilo, será retirado a partir del 1 de julio próximo, y la elaboración del documento llevará entre 90 y 120 días, pero esperan poder hacerlo retroactivo, por lo que casi no quedarían días sin arancel.
Si este aceite, que es subsidiado en Europa, entra sin pagar nada, llegaría al mercado interno un 15% más barato que el argentino, perjudicando la comercialización de los productos locales.
"¿Qué hay que hacer? Un nuevo trámite administrativo, un expediente demostrando que los subsidios a la producción de España existen, que el daño a la actividad olivícola es real y que la importación de aceite afecta a la industria local", dijo Gioja, uno de los legisladores que trabaja en el tema.
El senador dijo que el proceso será como un juicio, donde deberán aportar pruebas de este daño, además de fundamentos serios, contundentes y actualizados, para poder así mantener la vigencia del gravamen. En esto tienen que participar los productores y actuar en conjunto, porque lo primero que se va exigir es que se acredite personería y que comprenda a la gran mayoría de los productores argentinos.
El presidente de la Cámara Olivícola de San Juan, Daniel Dates, dijo que ya se trabaja en conjunto con el resto de las cámaras de Mendoza, Catamarca y La Rioja, principales productores de aceitunas del país, y que juntas elevaron notas a los legisladores.
Aunque la elaboración de la defensa del sector olivícola puede tardar hasta 4 meses, el senador explicó que se puede pedir una aplicación retroactiva del gravamen, por ejemplo de 90 días, y según Gioja esto va a ser un elemento disuasivo para quienes quieran ingresar aceite de oliva al país, ya que podrían verse afectados por el gravamen.